La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, junto a la organización social Los Tucu-Tucu de San José, presentó una demanda judicial para anular el contrato entre OSE y el consorcio Aguas de Montevideo por la planta potabilizadora en Arazatí. Solicitan además una medida cautelar de no innovar, que impida el avance de las obras.
Sostienen que el acuerdo viola los artículos 47 y 188 de la Constitución, que establecen el carácter público y estatal del servicio de agua potable. Acusan al contrato de privatizar funciones esenciales del ciclo del agua y convertir el servicio en un negocio rentable para privados.
Actualmente, las obras están suspendidas por 90 días tras un acuerdo entre el gobierno y el consorcio para rediscutir las condiciones del proyecto.