Con 477 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes —el nivel más alto de América Latina— el gobierno presentó un proyecto para descentralizar la gestión de las cárceles. El plan generó cuestionamientos del sindicato de operadores penitenciarios por presunto incumplimiento de la negociación colectiva.
Foto: Ministerio del Interior / Presidencia de la República
El gobierno uruguayo presentó un proyecto para modificar la gestión de las cárceles del país, un plan que surge en el marco de una situación carcelaria crítica y el reclamo de distintos sectores por las condiciones de las prisiones y el funcionamiento de la Institución Nacional de Rehabilitación (INR), organismo actualmente dependiente del Ministerio del Interior.
La iniciativa, promovida por autoridades y respaldada por algunos legisladores, busca descentralizar la administración del sistema penitenciario, con el objetivo de mejorar la gestión de los centros de reclusión, hacer frente a la masiva población carcelaria y reducir problemas estructurales que se han vuelto crónicos en el sistema.
La crisis penitenciaria en cifras
Uruguay enfrenta actualmente una de las tasas de encarcelamiento más altas de América Latina, con 477 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales citadas por expertos en la materia. Ese nivel supera ampliamente a otras naciones de la región y pone en evidencia las dificultades del sistema para atender adecuadamente a la población carcelaria.
Proyecto de descentralización del INR
El corazón de la propuesta es que la gestión de las cárceles salga de la órbita del Ministerio del Interior para pasar a depender de una estructura distinta, con más autonomía y enfoque en rehabilitación y tratamiento de los privados de libertad. Quienes apoyan la iniciativa sostienen que esto permitiría separar la función de seguridad de la función correccional, algo que consideran clave para mejorar condiciones y resultados.
En la presentación formal del proyecto ante la Cámara de Representantes, legisladores de la bancada del Frente Amplio argumentaron que niveles de hacinamiento son inaceptables y que mantener las cárceles bajo el mismo organismo responsable de la seguridad interna limita la capacidad de implementar políticas penitenciarias efectivas. Según los impulsores de la reforma, la descentralización permitiría optimizar recursos, fortalecer programas de rehabilitación y mejorar la calidad de vida dentro de los centros carcelarios.
Reclamos sindicales y negociación colectiva
Sin embargo, el proyecto también generó protestas de sectores vinculados al sistema penitenciario, en particular del Sindicato Único de Operadores Penitenciarios (SUOP), que manifestó que durante el desarrollo de la iniciativa se produjo un incumplimiento de la Ley de Negociación Colectiva.
El sindicato argumentó que no se respetaron los mecanismos de diálogo con los trabajadores del INR para discutir cambios estructurales significativos que afectan sus condiciones laborales y sus funciones dentro de las cárceles. Reclamaron que las modificaciones deberían impulsarse con mayor participación y consulta de los operadores penitenciarios, quienes, según manifiestan, tienen experiencia de primera mano sobre las necesidades del sistema.
Desafíos estructurales y opiniones encontradas
La discusión sobre la reforma carcelaria refleja la complejidad del tema en Uruguay, donde las autoridades reconocen la necesidad de cambios profundos para mejorar la gestión penitenciaria y reducir tanto la sobrepoblación como las deficiencias en los programas de rehabilitación.
Al mismo tiempo, sectores sindicales y algunos analistas plantean que la reforma debe acompañarse de políticas integrales que aborden la situación de los trabajadores, la infraestructura de las cárceles y la inclusión de dispositivos comunitarios para reducir la carga penitenciaria.
Mientras el proyecto avanza en el Parlamento y sigue su debate, el país se enfrenta al desafío de equilibrar la urgencia de modificar un sistema con problemas estructurales con la necesidad de garantizar la participación de quienes trabajan en él y de asegurar que los cambios realmente mejoren las condiciones de vida y de gestión.