A raíz de la noticia difundida recientemente sobre reclamos de residenciales por pagos adeudados del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), desde hogares para personas mayores del interior del país se manifestó una creciente preocupación por la realidad que atraviesan estas instituciones.
En el comunicado se señala que dentro de los establecimientos de larga estadía para personas mayores (ELEPEM) existen realidades muy distintas. Por un lado se encuentran los residenciales privados con fines de lucro, administrados por empresas; y por otro, los hogares para ancianos gestionados por asociaciones civiles sin fines de lucro, que funcionan gracias al trabajo de voluntarios y al compromiso de las comunidades.
En estos hogares, quienes integran las comisiones directivas no solo cumplen una tarea solidaria, sino que además asumen responsabilidades jurídicas y legales como presidentes, secretarios y directivos de instituciones que sostienen diariamente el cuidado de personas mayores.
Según se expresa, actualmente existen al menos 84 hogares de estas características en todo el país. Son instituciones que brindan cuidado, contención y acompañamiento a cientos de personas mayores, cumpliendo en muchos casos un rol que complementa la acción del Estado frente a una necesidad social creciente.
Sin embargo, desde estos hogares se advierte que muchas veces no son considerados con la misma fuerza dentro de las políticas públicas.
Las instituciones sin fines de lucro enfrentan diariamente una situación compleja marcada por jubilaciones bajas de los residentes, mayores exigencias para mantener habilitaciones, pago de salarios, aportes al BPS, alimentación, medicamentos, mantenimiento edilicio y otros costos que continúan en aumento.
De acuerdo al planteo realizado, cada mes resulta más difícil sostener el funcionamiento de estos hogares y muchas instituciones deben realizar grandes esfuerzos para cubrir sus gastos.
En ese contexto surge una interrogante que comparten varias de estas organizaciones: si el Estado está brindando mayor respaldo a emprendimientos privados mientras los hogares comunitarios sin fines de lucro continúan con escaso apoyo.
El planteo no busca enfrentar realidades, sino visibilizar una situación que consideran desigual y que afecta especialmente a instituciones del interior del país.
Quienes están al frente de estos hogares advierten además que, si en algún momento estas instituciones dejaran de funcionar, el impacto social sería muy significativo para muchas comunidades.
Por ese motivo, entienden que es necesario que las autoridades y responsables políticos atiendan con mayor profundidad la situación de los adultos mayores y de las instituciones que trabajan en su cuidado.
Sostienen que la atención a las personas mayores no puede depender únicamente del esfuerzo de voluntarios y de las comunidades, sino que debe constituir una prioridad real dentro de las políticas del país.