La Justicia uruguaya exigió a fines de febrero a unos padres antivacunas que viven en Carmelo, a inocular a su hija de dos años y medio con todas las dosis obligatorias que tengan pendientes del sistema oficial de vacunas.
Les dio un plazo de 15 días, bajo riesgo de perder la patria potestad de la menor.
De las 16 vacunas indicadas para un menor de esa edad, según lo que establece el calendario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Ambar la menor solo cuenta con la de la BCG, la que se da al nacer. Según indicó, inocularon a la niña que nació de forma prematura sin su consentimiento en el Hospital Pereira Rossel.
“Es la única vacuna que tiene, no le hemos dado ninguna otra”, dijo Cristian Medina, papá de Ambar en diálogo con RO Contenidos.
Tras la última decisión judicial del 20 de febrero los padres interpusieron recursos de reposición y apelación. En el escrito se remarcó que la menor “no se encuentra en ninguna situación de riesgo” y que sus progenitores “cumplen cabalmente con los deberes inherentes a la patria potestad”.
El pedido de la familia Carmelitana a la Justicia es que se revoque la medida de febrero, que “no es ajustada a Derecho”, y que se “declare que la menor no se encuentra en situación de riesgo ni de vulneración de derechos, archivándose en definitiva estas actuaciones”.