La eutanasia ya es legal y aplicable en Uruguay tras la reglamentación firmada por el presidente Yamandú Orsi, que puso en marcha una normativa aprobada meses atrás por el Parlamento. Con este paso, el país se incorpora al reducido grupo de naciones que permiten la muerte médicamente asistida bajo condiciones específicas.
La ley establece que podrán acceder al procedimiento personas mayores de edad, en pleno uso de sus facultades mentales, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles. Además, deben encontrarse en una etapa avanzada o terminal, o atravesar un sufrimiento considerado insoportable que afecte gravemente su calidad de vida.
El mecanismo prevé una serie de controles. La solicitud debe ser realizada de forma expresa por el paciente, generalmente por escrito, y evaluada por un médico tratante. Luego interviene un segundo profesional independiente que debe confirmar el diagnóstico y las condiciones requeridas. En caso de discrepancias, puede convocarse a una junta médica para dirimir la situación.
También se exige el consentimiento informado del solicitante en todas las etapas del proceso, que puede ser revocado en cualquier momento. El procedimiento debe realizarse en un entorno que garantice el respeto, la dignidad y el cuidado del paciente.
La reglamentación incluye la creación de una comisión encargada de supervisar los casos y asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos por la ley.
La aprobación y posterior entrada en vigencia de esta norma fue el resultado de un prolongado debate político, social y ético en Uruguay, donde distintas posturas convivieron en torno a un tema sensible: el derecho a decidir sobre el final de la vida.