Para el tribunal, el Estado «está obligado constitucionalmente y legalmente a proteger el Derecho a la salud; a la vida; a una mejor calidad de vida; a una sobrevida digna, de los habitantes del país».
La apelación había sido presentada por la cartera, luego de que el 4 de mayo la Justicia accediera al recurso de amparo presentado por la defensa del científico.