El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) será el encargado de resolver la validez del decreto que creó un cargo de US$ 2,10 más IVA por cada pasaje de transporte marítimo destinado a financiar el Sistema Integral de Gestión Migratorio (SIGMU) en las terminales portuarias de Colonia y Montevideo.
El caso cobra especial relevancia para el puerto de Colonia, principal punto de conexión fluvial entre Uruguay y Argentina, ya que la resolución del TCA definirá si ese cobro puede aplicarse a los pasajeros que utilizan la terminal coloniense.
La Procuraduría del Estado emitió un dictamen en el que entiende que corresponde anular el decreto aprobado durante el anterior gobierno, al considerar que el denominado «precio por servicio de seguridad» tiene características propias de un tributo y, por lo tanto, solo podría haber sido creado mediante una ley.
El informe sostiene además que el control migratorio es un servicio obligatorio para quienes ingresan o salen del país, por lo que los pasajeros no tienen la posibilidad de optar por no recibirlo, lo que refuerza el argumento de que el cobro carece de respaldo legal.
El cargo fue cuestionado por las empresas que operan en el puerto de Colonia, que nunca llegaron a aplicarlo a los pasajeros. Las compañías sostuvieron que la empresa adjudicataria del Sistema Integral de Gestión Migratorio incumplió el contrato debido a reiteradas fallas en el funcionamiento de la plataforma.
Por su parte, el Poder Ejecutivo y la empresa adjudicataria defendieron la legalidad del decreto, al argumentar que el nuevo sistema fortalece la seguridad y agiliza los controles migratorios en las terminales portuarias.
La decisión que adopte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo será determinante para establecer si el cobro puede implementarse en el puerto de Colonia y en la terminal de Montevideo o si, por el contrario, el decreto deberá ser anulado.