Bastitta estuvo en la Junta para hablar de Praxis y edil Leizagoyen afirma que son “tecno fascistas” y que se oculta información

El empresario Eduardo Bastitta, desarrollador de + Colonia, compareció este miércoles ante la Junta Departamental de Colonia.

El objetivo de la convocatoria en régimen de comisión general, fue recibir información de primera mano sobre los últimos avances de su acuerdo con Praxis, la comunidad tecnológica que promueve el concepto de «nación digital» en el predio del emprendimiento.

Los ediles plantearon interrogantes esenciales de cara a la planificación territorial, como el suministro y consumo de agua potable, saneamiento, tratamiento de efluentes, energía y los costos asociados que deberá cubrir la Intendencia.

Compartimos parte de lo señalado por Eduardo Bastitta sobre Praxis.

El edil del Frente Amplio Pedro Leizagoyen no se mostró conforme con lo explicado, entiende que se oculta información y acusó a Bastitta de vender humo ante los ediles.

Leizagoyen expresó que se trata de una comunidad “Tecnofascista” y Bastitta le dijo que lo que dice es un disparate.

Finalizada la sesión la bancada de ediles del Frente Amplio emitió una declaración.

La misma indica valorar la actitud del Sr. Eduardo Bastita, CEO de +Colonia, en comparecer ante esta Junta Departamental y responder la mayoría de las preguntas realizadas por las diferentes bancadas. No obstante, entendemos que varias de sus respuestas no fueron suficientes para esclarecer las dudas existentes.

Anunciar que logramos establecer una fecha de reunión con representantes del Poder Ejecutivo, en particular de la Presidencia de la República, instancia que se había estado postergando por razones de fuerza mayor, y que esperamos, nos ofrezca más luz sobre los puntos grises que aún se mantienen respecto al emprendimiento.

Reafirmar el compromiso de la Bancada Frenteamplista para con la confianza que el pueblo coloniense depositó en nosotros para llevar a cabo nuestra tarea de contralor, motivo por el cual seguiremos investigando, solicitando acceso a información de primera mano, exigiendo un control institucional estricto por parte del Estado y el cumplimiento de la normativa vigente, respetando la Constitución de la República y las leyes nacionales y departamentales, concluye la declaración.

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